Aníbal Fernández le pidió la renuncia al cargo de asesor y Marcelo Saín dio un paso al costado. El pedido ocurrió luego que el MPA anunciara la fecha para la imputación del ex ministro de Seguridad de Santa Fe.
Inmediatamente se confirmó la convocatoria a audiencia imputativa contra Marcelo Saín y otros siete ex funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe implicados en la causa de espionaje ilegal, Aníbal Fernández le pidió la renuncia a su cargo de asesor y Saín dio un paso al costado: "ya no trabajará más en el equipo de colaboradores del ministerio de Seguridad de la Nación; La decisión se tomó de común acuerdo", indicó Fernández. Este lunes la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, confirmó que Saín y sus excolaboradores serán imputados el próximo 29 de noviembre por el delito de asociación ilícita en el contexto de la causa que investiga acciones de espionaje ilegal en Santa fe.
Con esta información en manos, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, decidió sacarlo del equipo. De esta manera Saín ya no será asesor del gobierno nacional, cargo que ocupaba desde 2021 después de renunciar como ministro de Seguridad de Santa Fe. El exministro será imputado a fin de mes en el marco de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal en la provincia de Santa Fe y por la que también son investigados el ex secretario de seguridad pública Germán Montenegro; el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Álvarez; la ex directora de la Agencia de Control policial Nadia Schuman; el ex subsecretario de control Diego Rodríguez; la ex jefa de Inteligencia Criminal de la zona Sur del Organismo de Investigaciones del MPA Débora Cotichini y otras dos ex funcionarias del Ministerio de Seguridad : Milagros Bernard y Agustina Moulins.
La audiencia convocada para el 29 de noviembre estará a cargo del fiscal de la causa, Ezequiel Hernández que se desempeña en el área de Violencia y Corrupción Institucional del MPA.
En la causa por presunto espionaje ilegal fueron admitidos como querellantes el gobierno provincial, el diputado provincial Maximiliano Pullaro, el gremio UPCN, los abogados Evelin Andriozzi y Jorge Bedouret y el empresario de medios de Rosario Gustavo Scaglione.
La causa trata de una asociación ilícita que se habría cometido desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, acciones de espionaje contra personas y empresas sin el aval de una orden judicial. En este sentido, trascendió inicialmente que, durante la gestión, Saín, se perfilaron por lo menos a 661 personas y privadas, aunque se sospecha que podrían ser más.
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